El Tren Maya y sus implicaciones ecológicas

El proyecto del Tren Maya representa el estandarte del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual supone una importante inversión que se estima traerá consigo un impulso económico y político trascendental para la tan marginada frontera sur del país a través de 1525 km de vías férreas, de los cuales 723 km ya están construidas.
Sin embargo, el proceso ha sido una constante de acciones aventuradas e irresponsables por parte de la Administración Federal y de las casi imperceptibles reacciones de la nueva titular de Semarnat, la Lic. Josefa González Blanco, respecto de las múltiples manifestaciones del medio ecologista.
De esta manera, el pasado 16 de diciembre se colocó la primera piedra del proyecto, el cual se divide en diversos tramos de ejecución. La primera etapa de trabajos consiste en la rehabilitación, compactación y mantenimiento de las vías de tren que ya se encuentran construidas desde Palenque hasta Izamal, obras que conforme al comunicado de Semarnat, si bien pudieran causar un efecto negativo en el ambiente, no son materia de evaluación del impacto ambiental, recalcando que los aproximadamente 802 km de vías restantes si deberán contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente.
El comunicado de la nueva titular de la Semarnat, resulta tan inexacto a la dinámica del desarrollo de los ecosistemas, como irresponsable en su gestión administrativa. Así, los impactos ambientales deben medirse y autorizarse, atendiendo siempre a los principios de prevención y precaución ambiental, a la evolución o decremento de los servicios ambientales que preste la zona, pero también a las nuevas condiciones que se generen a raíz de las conclusiones o descubrimientos de la ciencia, por tanto la valoración y manipulación de un suelo debe siempre constreñirse a las características actuales del lugar.
En este sentido, López Obrador y su equipo han proyectado la ejecución de una obra de la cual ni siquiera han evaluado adecuadamente las repercusiones y detrimentos que puede sufrir la zona, no se han pronunciado en cuanto a las condiciones del subsuelo, las vibraciones, la forma en la que lesionaran un hábitat tan rica en cuanto a flora y fauna y la forma en que mitigarán los daños, incluso sin siquiera haber gestionado formalmente una autorización de impacto ambiental, que pudiera disipar todas las opiniones encontradas y legitimar una decisión tan polémica. Como es de costumbre en todo el país, se mantiene la tradición de proyectar obras públicas con efecto electoral, sin analizar el fondo y las consecuencias.
Así, resulta trascendente gestionar y obtener la autorización de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos, no solo de la infraestructura que está por construirse, sino también de las ya construidas, pues esas vías se desarrollaron desconociéndose muchos elementos que al día de hoy se han descubierto.
Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia, mediante un procedimiento abierto de participación ciudadana, anteponiéndolo a intereses de tipo político, pues no debemos observarlo únicamente desde el aspecto económico, sino como una decisión que definirá las líneas de acción que en materia de sustentabilidad ambiental va a privilegiar el nuevo gobierno.

 

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Seguridad Energética

Las últimas semanas han sido particularmente delicadas en el panorama de los hidrocarburos a nivel nacional. El combate al robo de combustibles, conocido como huachicoleo, ha desatado una enorme polémica por sus efectos secundarios, que sin importar si se acaban caracterizando como una crisis de desabasto o de falta de distribución, ha generado incomodidad entre los usuarios, cientos de estaciones de servicio cerradas, e interminables filas con miles de horas productivas perdidas.
No obstante, reconozco que lo que más me ha llamado la atención ha sido la enorme fragilidad, y prácticamente nula seguridad energética de buena parte del país. La velocidad con la que distintos estados del país agotaron sus provisiones de combustible frente a la falta de distribución es alarmante. Los estados del Bajío, enorme motor industrial y económico del país, resultaron no tener suficiencia para el abastecimiento de gasolinas después de poco más de un par de días sin suministro. Este dato contrasta dramáticamente con los requerimientos de la Agencia Internacional de Energía, que requiere a sus miembros contar con reservas para al menos 90 días de suministro, y aún con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que estableció un volumen mínimo de inventario para el 2020 del equivalente a 5 días de ventas.
Aún así, la reflexión sobre esta crisis huachicolera ha terminado siendo agridulce: por un lado, evidenció las carencias en infraestructura de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles; y, por otro lado, probó el éxito de la reforma energética y su régimen de libre competencia.
El primer factor es también una área de oportunidad. Simplemente, existe un potencial fantástico para el desarrollo de esta infraestructura, lo que la convierte en una estupenda oportunidad de inversión para los particulares y en una necesidad para el combate efectivo al huachicoleo.
Por cuanto ve al segundo factor, es innegable el éxito de la reforma energética en esta crisis, y es que sin ella ni siquiera habría habido gasolina en las pocas estaciones de servicio de aquellas empresas que importan de manera directa sus propios combustibles. Si en Querétaro no existieran gasolineras que importan directamente sus productos de Estados Unidos, el panorama habría sido aún peor.
Entonces, una de las conclusiones es que mientras más libre competencia exista en el sector de los hidrocarburos, y de la energía en general, menos vulnerables seremos frente a este tipo de fenómenos imprevistos. En pocas palabras, hay que apostarle a la diversificación del sector energético. Simplemente, no es sano que una única empresa sea la que domine de manera aplastante el sector, pues entonces de esta dependerá de manera casi exclusiva la producción, distribución, y logística en general. Mientras más y más libres jugadores existan, menos vulnerables seremos los usuarios.
La apuesta más importante, sin embargo, es la de diversificar las fuentes de generación de energía en el país; que podamos aprovechar energía de distintos orígenes, y no solamente de los hidrocarburos. Pareciera muy lejano, pero la disrupción tecnológica poco a poco nos llevará hacia allá. Más adelante hablaremos de ello.

 

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Armonizar

El año que comienza tendrá una gran repercusión en el futuro del urbanismo y la planeación en Querétaro. Es un volado, pues todo puede pasar y dependerá de la forma como se conduzcan los trabajos de estos foros.
Lo que se busca es reformar el Código Urbano de 2012 para “armonizarlo” con la nueva legislación federal de 2016 que contiene muchas nuevas instituciones urbanísticas, como es el caso de la gobernanza metropolitana, las nuevas reglas en materia de inversiones para la movilidad, o la planeación ciudadanizada; sólo por mencionar tres de los más de 15 temas relevantes que deberán abordarse.
El primer foro de participación ciudadana sucedió en diciembre, y la próxima semana comenzará una cadena de eventos similares que deberán concluir hacia el mes de julio con las bases para una iniciativa de ley que se presentaría en conjunto entre los poderes legislativo y ejecutivo locales.
La primera cita tuvo como tema central la planeación desde su visión eminentemente operativa: por un lado, la figura del Dictamen de Congruencia, que en buen español es el medio por el cual el gobierno estatal le pone “palomita” a un municipio cuando este propone una actualización a sus planes de desarrollo; acto sin el cual no pueden publicarse ni registrarse los nuevos instrumentos y por tanto no cobran vigencia.
Por otra parte, se abordó el Dictamen de Impacto Urbano, instrumento que hasta ahora es letra virgen en nuestro Código de 2012, y que sirve para determinar la viabilidad de una obra; si rebasa o no la capacidad de la infraestructura instalada a su alrededor y si existe compatibilidad de usos entre aquello que se pretende y el tejido urbano ya existente. Un súper tema si ponemos en perspectiva que nuestra zona metropolitana necesita regenerarse y densificarse. Ya no debe expandirse más.
La agenda es extensa. Vienen dos temas torales en el foro del 9 de enero: acciones urbanísticas en materia de desarrollos inmobiliarios; fusión, subdivisión, fraccionamiento y condominio. Se analizará el nada conflictivo asunto de la manera como estos deben ser entregados una vez que el desarrollador los ha terminado, ya sea al municipio o a los propios condóminos.
El gran reto de este trabajo legislativo es convencer, que no resulte una iniciativa chafa como ha pasado en varios estados de la República donde para resolver y no meterse en problemas con el sector, los legisladores hicieron solo “copy-paste” acomodando los nuevos textos en sus viejas leyes de desarrollo urbano donde mejor les pareció.
El reto es lograr instrumentar una política urbana nacional siguiendo la Nueva Agenda Urbana firmada por México en Habitat III (Quito, Ecuador) e impedir asimismo que la reforma quede, como se dice, con dedicatoria. Evitar que se aproveche para pasar viejas peticiones de algunos en la industria, como es el caso de permitir la catafixia de suelo de donación por dinero, lo que implicaría a la Zona Metropolitana la perdida de más de 2.200 hectáreas de suelos para equipamiento y áreas verdes hacia el 2030. Esperemos que no pase algo así.

 

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